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Solicitan diputados del PAN la rectificación al Gobierno Federal sobre la cancelación de NOMs


– Estas regulaciones tendrían afectaciones en la atención de enfermedades como cáncer de mama, cervicouterino y diabetes, entre otras.


Chihuahua, Chih.- La diputada Diana Pereda, en representación del Grupo Parlamentario del PAN, realizó un llamado al Poder Ejecutivo Federal, en particular a la Secretaría de Salud para rectificar la decisión sobre la cancelación de las Normas Oficiales Mexicanas de Salud (NOMs), que impactarían de forma directa en la atención de salud de los mexicanos.


Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son regulaciones que tienen como finalidad establecer las características que deben reunir los procesos o servicios de atención ante diversas amenazas a la salud. El llamado se realiza ante la declaratoria emitida el pasado 1 de junio, donde el Gobierno Federal llevó a cabo la cancelación de 35 NOMs, entre las que destacan aquellas que impactan directamente en la atención de distintas enfermedades, como el cáncer de mama, cervicouterino, diabetes, entre otras, además el fomento a la lactancia materna.


Ante esta cancelación surge una alarmante y seria preocupación por la falta de conocimiento e insensibilidad del Gobierno Federal hacia la población mexicana, así como los mecanismos que desde el poder público se pueden implementar para asegurar estándares mínimos de calidad en los servicios de salud. Refirió la Diputada Diana Pereda.


Así mismo, señaló que se estaría omitiendo la homogeneización del tipo de atención médica obligatoria que debe cumplir el personal médico, las instituciones públicas y privadas de salud; la unificación de métodos para atender, diagnosticar, prevenir e intervenir en la cura y tratamientos de diversas enfermedades, lo que constituirá que la población mexicana carezca de estándares mínimos de calidad en los servicios de salud básica. Puntualizó la Diputada Pereda.


Por estos motivos, se solicitó que de forma urgente el Gobierno Federal explique esta decisión, además de asumir el costo social y económico que implica la cancelación de estas normas.

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