El Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá entregar a un particular en versión íntegra los documentos que sirvieron para reajustar su estructura y que derivó en el despido de alrededor de dos mil empleados, resolvió el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).
En un comunicado, el Instituto informó que el SAT, en respuesta a una solicitud de información, determinó reservar por un año dichos documentos con el argumento de que el proceso de reestructura está en marcha.
También, que los documentos contienen información que, de darse a conocer, afectarían las garantías del debido proceso, al violentar las prerrogativas de imparcialidad, así como la adecuada y oportuna defensa de las partes involucradas en los procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales de los que el SAT es parte.
Sin embargo, al analizar el caso, el comisionado Joel Salas consideró que la reserva es improcedente, pues dar a conocer la información no afecta las garantías del debido proceso correspondientes al SAT, en su calidad de autoridad responsable en los procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales.
"En un Estado fuerte todas las decisiones se toman basadas en evidencia y esa evidencia debe ser conocida por todas y todos. La transparencia fortalece el Estado, no lo debilita", sostuvo el comisionado. A propuesta de Salas, el Pleno determinó revocar la respuesta que originalmente había dado el SAT e instruirle la entrega de la información
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