Familias desplazadas de Moris y Uruachi exigen acceso a una casa, denuncian a Gobierno por rematar fraccionamiento a empresa privada

Chihuahua, Chih.- Denuncian presuntas irregularidades en la subasta de 165 viviendas de Pensiones Civiles del Estado y solicitan que se revierta la operación para poder adquirirlas.

Cuauhtémoc, Chihuahua.— Familias campesinas e indígenas desplazadas por la violencia de los municipios de Moris y Uruachi ocuparon pacíficamente viviendas del fraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado, en Cuauhtémoc, para exigir una solución a su necesidad de vivienda y denunciar presuntas irregularidades en la subasta del inmueble.

De acuerdo con un posicionamiento difundido por las propias familias, varias decenas de ellas llegaron a Cuauhtémoc hace más de dos años, luego de verse obligadas a abandonar sus comunidades a causa de la violencia. Señalan que perdieron sus casas, ganado, cultivos, muebles y herramientas de trabajo, mientras que parte de los bienes que dejaron atrás fueron incendiados o saqueados.

Explicaron que, tras su llegada a la ciudad, han tenido que enfrentar altos costos de renta, dificultades económicas y condiciones de hacinamiento, al compartir viviendas entre varias familias. Ante esta situación, señalaron que la adquisición de una casa se convirtió en una de sus principales necesidades.

Las familias indicaron que en febrero pasado ocuparon inicialmente algunas viviendas deshabitadas desde hace más de 15 años en el fraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado, con la intención de comprarlas al Gobierno estatal. Sin embargo, afirmaron que se retiraron después de recibir amenazas e intimidaciones por parte de elementos policiales.

Posteriormente, aseguraron haber acudido a autoridades municipales, estatales y federales, así como a la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura del Estado de Chihuahua (COESVI), para solicitar una alternativa de adquisición. Según su versión, no recibieron una respuesta por escrito a sus peticiones.

Cuestionan la subasta del fraccionamiento

En su denuncia, las familias señalaron que en junio pasado COESVI subastó el conjunto habitacional y que la empresa Inmobiliaria AGH resultó ganadora del procedimiento.

Por ello, informaron que presentaron una demanda ante el Comité de Enajenaciones, Depuración y Comodatos de COESVI, mediante la cual solicitan que se revierta o anule la subasta.

Entre los presuntos agravios que exponen se encuentran la posible vulneración de su derecho a la vivienda, la falta de respuesta a sus solicitudes de compra y la supuesta ausencia de una convocatoria difundida en los principales medios de comunicación de Cuauhtémoc.

También cuestionan que el fraccionamiento se haya vendido en conjunto a una empresa inmobiliaria, en lugar de ofrecer las viviendas mediante esquemas de compra individual a personas aseguradas y no aseguradas de Pensiones Civiles del Estado.

Asimismo, sostienen que las condiciones de pago y la operación de compraventa podrían contravenir las bases de la subasta y determinadas disposiciones legales. Estos señalamientos forman parte de los argumentos presentados por las familias y requieren ser contrastados con la documentación oficial y la postura de las autoridades involucradas.

Señalan diferencia entre el precio de adquisición y el de venta

Otro de los puntos expuestos es el monto de la operación. Las familias refieren que el fraccionamiento, integrado por 165 viviendas, fue adquirido por un total de 45 millones 623 mil pesos, con un pago inicial de 4.5 millones y el compromiso de liquidar el resto en un plazo de un año.

Con base en esas cifras, estiman un costo promedio de adquisición de aproximadamente 276 mil 503 pesos por vivienda.

En contraste, afirman que los precios de venta al público de las casas oscilarían entre 800 mil y un millón de pesos por unidad. Sin embargo, estos precios deberán confirmarse con información de la empresa y la documentación correspondiente.

Además, las familias sostienen que la inmobiliaria habría realizado acciones en el inmueble antes de formalizar la escritura pública, pese a que, según su interpretación de las bases de venta, existían restricciones para ejecutar obras, modificaciones o actos de posesión material durante esa etapa.

Piden negociar la compra de las viviendas.

Las familias manifestaron que su intención no es recibir las casas de manera gratuita, sino tener la oportunidad de adquirirlas de acuerdo con sus posibilidades económicas.

Señalaron que, debido a su condición de desplazamiento, cuentan con recursos limitados, pero reiteraron su disposición a establecer un diálogo con las autoridades y negociar un esquema de pago que les permita acceder a una vivienda.

Finalmente, insistieron en que su principal demanda es obtener una solución habitacional que les permita reconstruir sus vidas en Cuauhtémoc, luego de haber abandonado sus comunidades de origen a causa de la violencia.