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Indígenas defienden sus tierras y los matan en la Sierra Tarahumara


Por: Sandra Rodríguez Nieto, Sinembargo,mx

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).– Pobladores de la sierra Tarahumara y organizaciones de la sociedad civil presentaron hoy, en la SCJN, un informe donde denunciaron las violaciones a los derechos territoriales de las comunidades de los pueblos Rarámuri y Ódami; la violencia que sufren a causa del crimen organizado y la guerra contra el narcotráfico, sumada a las agresiones y ataques de las que han sido víctimas por defender su territorio.

La lucha de las comunidades indígenas por la defensa del agua, la tierra y los bosques se paga con asesinatos en la Sierra Tarahumara, denunciaron hoy pobladores y defensores de derechos humanos del Estado de Chihuahua.

Tan sólo en la comunidad Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo, tres personas han sido asesinadas en lo que va de 2016; y todas, se informó, impulsaban la nulidad de un “permiso de aprovechamiento de recursos forestales” otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a una familia que, señalan, está en control del ejido y ha permitido la tala indiscriminada de los bosques.

“Las comunidades han perdido más de 10 autoridades indígenas”, denunció Isela González Díaz, de la organización Alianza Sierra Madre, ubicada en la ciudad de Chihuahua.

“Pero este año, que además estaba vigente el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación, asesinaron a tres personas: en febrero, a Víctor Carrillo Carrillo, que era hijo de Julián Carrillo, representante de la comunidad en la lucha por su territorio; en marzo, a Valentín Carrillo, que era también una autoridad y, en abril, a Elpidio Torres Molina, que era parte de los demandantes en el juicio agrario”, agregó.

Ubicado en el extremo sur del Estado de Chihuahua, frente a Sinaloa y Durango, el municipio de Guadalupe y Calvo es parte del denominado “triángulo dorado”, que tiene una intensa actividad de narcotráfico, de personas armadas y nulo combate por parte del Estado, dijo González Díaz.

Y en ese contexto, señaló, las familias contrapartes de la comunidad indígena en el juicio agrario gozan de total impunidad.

“Tienen tratos con la delincuencia organizada; pueden contratar a sus sicarios; no decimos que sean narcotraficantes, pero sí que tienen ligas con grupos armados, en el caso de Coloradas de la Virgen”, afirmó la activista.

González y representantes de otras organizaciones defensoras de derechos humanos y comunidades rarámuris y ódami presentaron en esta ciudad el informe “Derechos territoriales de los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara”, en el que denuncian que los homicidios y la impunidad son parte del “preocupante deterioro” de los derechos colectivos de la población indígena de la zona.

“Los agresores son los que intentan despojar del territorio y recursos forestales a los indígenas. Tanto en Coloradas de la Virgen, como en Choréachi (donde se registraron dos asesinatos en 2013), están ligados a la delincuencia organizada y utilizan a sus grupos armados, para intimidar y sembrar el terror entre sus habitantes, provocando con ello el desplazamiento forzado de representantes de ambas comunidades”, dice el texto.

Presentado en un auditorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el reporte denuncia también cómo la falta de ejecución de diversas sentencias judiciales –en juicios agrarios, de amparo y civiles– agudizan la incertidumbre, violencia e impunidad de los pobladores.

También, que las decisiones tomadas en los ejidos y los trámites que realizan para explotar los recursos naturales marginan a las pueblos indígenas, que no fueron consultados para proyectos como el paso de un gasoducto de la compañía Transcanadá o la explotación de escenarios naturales con fines turísticos en el plan económico Barrancas del Cobre, entre otros.

“La globalización acelerada y la búsqueda de nuevos sitios para explotar recursos naturales han aumentado el número de conflictos en los territorios de los Pueblos Indígenas”, dice el informe.

“La historia de las normas y políticas agrarias es la historia de la naturalización e institucionalización del despojo del territorio y bienes comunes de los pueblos originarios de la Sierra Tarahumara, incluido el bosque, las minas, la belleza escénica y el agua. Este despojo ha implicado también la expropiación y apropiación de sus territorios por parte de personas externas, ignorándolos como colectivos con personalidad, cultura, sistema de gobierno, economía y derechos propios”, agrega.

Otras problemáticas descritas son los indicadores de rezago social y la pobreza extrema que prevalecen en los municipios serranos que cubre la investigación –Guadalupe y Calvo, Guazapares, Bocoyona y Urique.

De acuerdo con los datos citados, 90.6 por ciento de la población no cuenta con servicios de salud; 78.9 por ciento no tiene agua potable; 96.6 por ciento carece de drenaje; 91.6 por ciento no cuenta con energía eléctrica; 80.5 por ciento de las viviendas tienen pisos de tierra; más del 50 por ciento de la población no sabe leer ni escribir y el 24 por ciento es monolingüe.

CAMPAMENTOS DE DELINCUENTES

El informe menciona también que, la última década, la zona pasó de ser productora de mariguana a productora de heroína, y que amplios territorios de la región se encuentran bajo control de la delincuencia organizada.

“En algunas comunidades existen campamentos de vigilantes al servicio del crimen, llegando incluso a hacer presencia intimidatoria durante las fiestas tradicionales”, dice.

“En Baborigame existe un campamento militar desde 1970, encargado precisamente para la lucha contra el narcotráfico en la zona; sin embargo, en ciertas épocas del año, en las poblaciones de Baborigame, Guachochi y Guadalupe y Calvo, durante la cosecha de mariguana se decreta el estado de sitio y se prohíbe el tránsito a determinadas horas del día. Es ya costumbre en la comunidad dejar de circular después de las 5 de la tarde”, agrega.

La distancia en la que se encuentra la oficina del Ministerio Público del fuero común, además, dice, así como la certeza de que no habrá investigación, animan la impunidad.

La falta de títulos a las comunidades que el Estado mexicano debería entregar para reconocer su derechos territoriales; la legalización del despojo a través de títulos a particulares, la dotación de tierras a nuevos ejidos, la venta de tierras de estas comunidades a particulares; indiferencia, fraudes y errores administrativos; mal asesoramiento por parte de las autoridades son otras problemáticas denunciadas.

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