Cuauhtémoc, Chih.- El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola, así como el Gobernador César Duarte, recibieron una recomendación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la muerte de una mujer sucedida en 2013, cuando por una negligencia médica perdió la vida.
Los hechos se registraron en Témoris, municipio de Guazapares, el 30 de marzo de 2013, cuando una mujer de 21 años y de quien se conserva el anonimato, acudió al Centro Avanzado de la Secretaría de Salud, con 37 semanas de embarazo. Después de dar a luz fue dada de alta, a pesar de que presentó hemorragia post parto, la cual fue causada por pedazos de placenta que se dejaron por quienes atendieron su alumbramiento. Hemorragia que agravó su salud por días hasta que fue trasladada al Hospital General de Cuauhtémoc. Fue en dicho hospital donde le aplicaron un legrado para remover los pedazos de placenta, y al ponerle un catéter le perforaron el pulmón derecho. Como consecuencia la sangre se le acumuló en ese órgano, por lo que debían drenarla, sin embargo, no contaban con las herramientas necesarias, por lo que fue trasladada al Hospital General donde falleció por: “Shock hipovolémico, coagulación intravascular diseminada y hemorragia obstétrica”. Por ello como parte de las recomendaciones la CNDH pidió que el esposo e hija de la víctima reciban una indemnización por los daños, así como atención psicológica y tanatológica.
Al respecto el IMSS emitió un comunicado en el que aseguro que:
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dará cabal cumplimiento a la Recomendación 40/2016, emitida el 23 de agosto del presente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sobre un caso en el cual se proporcionó inadecuada atención médica a paciente en el Hospital Rural “San Juanito” en el municipio de Bocoyna, en Chihuahua.
Cabe señalar que al tener conocimiento de lo ocurrido en julio de 2013, el IMSS tomó diversas medidas preventivas y correctivas, a fin de evitar hechos similares.
La Dirección General del IMSS instruyó a las oficinas centrales y a la Delegación en Chihuahua el cumplimiento de todos los puntos contenidos en la recomendación, así como reforzar la capacitación al personal institucional en materia de derechos humanos, con apego a las normas nacionales e internacionales.
